Las empresas a menudo se ven impulsadas a solicitar acceso al mercado cambiario (MLC) motivadas en múltiples razones, como comerciales, de servicios, importaciones, financiamiento, pago de dividendos, pago de regalías, refinanciamiento de deudas pasadas u otros escenarios. Existen entonces, múltiples variables que justifican razonablemente el acceso al MLC o buscan legítimamente salvaguardar sus activos en títulos en moneda extranjera con el fin de repagar una deuda u operación en dicha moneda en el futuro.
En el frente financiero, con base en la nueva Comunicada A 7552, la demanda podría derivar en valores que tengan cláusula dolarizada u obligaciones negociables de empresas, o la búsqueda de activos ligados a la salida del peso.
En este contexto, también, la vía judicial se presenta como una opción posible en cuanto al acceso al MLC para el pago de deudas en el exterior o para importaciones, cuando se afecten los principios de legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad y no confiscación que establece nuestro ordenamiento.
Este análisis se hace necesario, cuando frente a las necesidades del sector privado, es factible que las necesidades de política cambiaria y de preservación del valor oficial del peso persistan en los meses siguientes. Así, se prevén posibles tensiones en materia cambiaria por posibles incrementos en las limitaciones para acceder al MLC, que los agentes privados deberán analizar para moderar el impacto en sus operaciones.